2/17/12: George Rimalower’s most recent article has been published in AOL Noticias. George was inspired, or better stated, outraged, by the decision by an Arizona Superior Court judge to bar a city council candidate in San Luis, Arizona from appearing on the ballot because of what he called the “large gap” between her English proficiency and the requirements of the office. It appears in Spanish here:
http://bit.ly/AqPOMX
La decisión de un juez del Tribunal Superior de Arizona que le prohibió a Alejandrina Cabrera, una candidata a concejal del municipio de San Luis, Arizona, integrar una lista electoral debido a lo que él llamó “amplia brecha” entre su dominio del inglés y los requisitos del cargo pone de manifiesto lo irónico del debate sobre la comunicación en la esfera pública.
Durante los más de treinta años que me he dedicado a los idiomas, primero como intérprete, traductor y editor, y luego como presidente de una empresa proveedora de servicios de idioma para las industrias de los servicios financieros y de atención médica, entre otras áreas, he podido observar lo que percibo como una “falta de comunicación” constante e intencional entre los funcionarios públicos y los ciudadanos a quienes son elegidos para representar.
Si bien ya pasó bastante tiempo, tengo muy presente una audiencia pública programada a fines de los años ochenta con el propósito de analizar la posibilidad de instalar un incinerador de residuos tóxicos en la ciudad de Vernon – ocho millas al sur del centro de Los Angeles – al lado de la fábrica de salchichas y fiambres de Oscar Mayer y otras empresas procesadoras de alimentos.
La única notificación de la audiencia había sido publicada en un periódico de Chicago –en inglés solamente, por supuesto– aunque se trataba de una decisión que afectaría la salud y el bienestar de miles de residentes de la región este de Los Angeles, de los cuales muchos hablaban solamente español. En la audiencia inicial no se suministró ningún intérprete de español. Recién cuando llegaron los activistas acompañados de cientos de seguidores (conmigo como intérprete) se pudo escuchar o comprender la opinión de la amplia mayoría de los ciudadanos.
Prohibir a un candidato a un cargo público en una ciudad como San Luis, Arizona, donde el 99% de la población habla español, es el colmo de las ironías. ¿No sería mucho más lógico pedirles a los concejales que hablen y comprendan español, en lugar de que tengan un determinado nivel de dominio del inglés?
Exigirle a un funcionario público que pueda comunicarse en un idioma que solamente una minoría de la población de la ciudad entiende refleja lo absurdo del debate actual sobre el acceso al idioma en los Estados Unidos. Es más, el nivel de dominio en este caso es, como mucho, subjetivo, y desde ya poco claro.
Aunque no cabe duda de que el inglés es el idioma preponderante en la sociedad estadounidense, y deberíamos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para ayudar a los inmigrantes y otras personas que no hablan inglés a aprender el idioma y comunicarse bien, no hay ningún motivo para discriminar a nuestros ciudadanos –y sus representantes– que no hablan inglés como idioma nativo. Vivimos en una sociedad cosmopolita, formada por inmigrantes, que se basa en el principio de que todos los ciudadanos tienen derecho a expresarse en democracia. Negarle el acceso a los ciudadanos o a los funcionarios públicos al gobierno representativo es una medida completamente injustificada.
Otra ironía del caso es que el informe que reveló la falta de dominio del idioma de la candidata se basó en una evaluación realizada por un sociolingüista nacido en Australia. Esto plantea un interesante interrogante: si comprender un acento o una jerga en particular es parte de la prueba de nivel. Por ejemplo, ¿podrían aprobar las pruebas de nivel en inglés estándar los oficiales públicos de determinadas zonas geográficas o ciertos grupos étnicos, dadas las diferencias de vocabulario e incluso gramaticales que existen dentro del propio idioma?
La principal prueba del nivel de competencia de los funcionarios públicos para desempeñarse como tales tendría que evaluar su capacidad para representar eficazmente a sus propios ciudadanos. Podría decirse que una concejala hispanoparlante con dominio limitado del inglés está, como mínimo, tan capacitada para representar a los ciudadanos de habla hispana como un hablante nativo de inglés con dominio limitado o nulo del español.
Lo que más me preocupa es que esta controversia idiomática –como muchas otras de los últimos tiempos– podría ser un ataque encubierto más contra los inmigrantes. En un país fundado y construido por inmigrantes, muchos de los cuales llegaron sin saber una palabra de inglés, nuestro futuro dependerá de la posibilidad de brindarles una oportunidad a todos los habitantes de nuestro país, incluidos aquellos que recién están aprendiendo el idioma.
En lo que respecta al dominio del idioma y la comunicación intercultural efectiva, hay muchas herramientas a nuestra disposición para educar e informar a las personas que no hablan inglés, e integrarlas al idioma y la cultura estadounidenses. Pero cuando el idioma tiene el potencial para ser usado como una forma de discriminar a las personas que no hablan inglés o excluirlas de los debates democráticos, son todos los ciudadanos estadounidenses los que sufren.
